Recientemente la crisis de credibilidad en algunas instituciones mexicanas se ha agudizado a razón de una serie de factores sociales, económicos y políticos. Uno de ellos es la constante descalificación de los actores políticos sobre la actuación del Estado que ha generado un clima social de desconfianza e incertidumbre.
Derivado de las últimas reformas estructurales aprobadas en México, la población no está de acuerdo con los efectos de su implementación. Es por eso que es de suma importancia la reflexión sobre uno de los aspectos más importantes en un sistema democrático: la confianza y credibilidad en las instituciones.
Según la encuesta nacional sobre la confianza en las instituciones mexicanas realizada por consultoría Mitofsky en 2019 denominado “Ranking Mitofsky en México. Confianza en Instituciones 2019”, la calificación promedio de confianza en 18 instituciones es de 6.3 en un rango de 0 a 10 (siendo 0 igual a "total desconfianza" y 10 "total confianza"). No solamente la confianza es baja, sino que se ha mantenido en una tendencia a la baja desde 2016, año en el que la calificación promedio fue de 7.2. Llama la atención el caso particular de los partidos políticos, los cuales han sido en promedio la institución en la que menos confía la gente, teniendo el lugar número 17 de 18, con una calificación de 5.4.
Foto: Consulta Mitofsky
Un estudio (Edelman Trust Barometer, 2018), con datos de 28 países, muestra que el nivel de confianza en empresas, medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales y gobierno se ve influenciado por el ingreso de las personas: las personas con bajos ingresos confían menos en las instituciones que las personas con un ingreso alto. En el caso de México, esa diferencia alcanza los 10 puntos porcentuales. Entre 2018 y 2019, la confianza en el gobierno mexicano cayó 8 puntos, pasando de 32 a 24 en una escala de 0 a 100, donde 0 es total desconfianza y 100 total confianza (Edelman Trust Barometer, 2019). Según éstos datos, sólo 1 de cada 4 mexicanos confía en que su gobierno hará lo correcto.
De alguna manera, podría decirse que un nivel medio de desconfianza hacia con el gobierno es esencial para la democracia (Whiteley, Clarke, Sandeers y Stewart, 2019), ya que permite que los ciudadanos tengan una actitud vigilante, y con eso, asegurarse que sus líderes políticos no abusen de la confianza depositada en ellos. Sin embargo, cuando la relación entre ciudadnía y gobierno se basa en la "desconfianza", la democracia se vuelve difícil y las decisiones potencialmente benéficas para la población pueden considerarse negativas. Un nivel de desconfianza genera un ambiente político en el que es difícil que los líderes tengan éxito (Hetherington, 1998) y en el que su autoridad se ve deslegitimada (Kaltenthaler, Aderson y Miller, 2010).
No sólo el ejercicio político y la gobernabilidad pueden verse obstaculizados por la desconfianza hacia las instituciones. Se ha demostrado que bajos niveles de confianza están relacionados con actitudes negativas hacia el cumplimiento de las leyes y reglamentos (Tyler, 1992), evasión o disminución del pago de impuestos (Kirchler, Hoelzl y Whal, 2008) y abstencionismo electoral (Cueto Villamán, 2007). Además, se ha identificado que la desconfianza dificulta la percepción de injusticia e inequidad (Oishi, Kesebir y Diener, 2011) y hunde la autoridad de las instituciones (Kaltenthaler et al., 2010).
Los niveles de percepción de honestidad y confianza en los gobiernos suelen variar a lo largo de un determinado periodo, pero en general suelen estar vinculados a la efectividad de las políticas implementadas y a la manera en que fueron implementadas (Witheley et al., 2016). Cuando las personas perciben de manera subjetiva resultados positivos de las acciones gubernamentales la confianza en las autoridades incrementa. Por el contrario, cuando las personas identifican que las acciones del gobierno no generan los resultados esperados o proyectados, y además perciben que la manera en que actúa el gobierno no es justa, disminuye la confianza depositada en las autoridades y se identifica como un gobierno deshonesto (Witheley et al., 2016).
La desconfianza también puede deberse a la percepción personal o colectiva, de no ser realmente representados por los personajes populares o por la idea de que éstos no defienden los intereses de todos los grupos de la sociedad (Cueto Villamán, 2007). A ello se suma la competencia y la capacidad que muestran las autoridades para cumplir sus obligaciones poniendo los intereses de otras personas por encima de los propios (Barber, 1983). La percepción de que los líderes políticos o representantes de las instituciones gubernamentales no cuentan con la habilidad y conocimiento necesarios para llevar a cabo sus funciones, así como la idea de que los representantes públicos favorecen sus intereses personales por encima de los intereses de la ciudadanía, deterioran la confianza en las instituciones.
Aspectos como el deterioro de la economía (Witheley et al., 2016; Clarke, Sanders, Stweart y Whiteley , 2004), la calidad de los servicios públicos y la (in)capacidad del poder ejecutivo para dar respuestas creíbles ante las aspiraciones de los ciudadanos (Cueto Villamán, 2007) también influyen en la desconfianza en el gobierno. Finalmente, investigaciones recientes (Oishi & Kesebir, 2015; Wilkinson & Pickett, 2010) han documentado de manera sistemática cómo la inequidad –medida en términos de distribución de la riqueza utilizando coeficientes Gini– está directamente relacionada la confianza: en países con altos niveles de inequidad, los ciudadanos confían menos en otras personas y en sus instituciones comparados con países donde los niveles de inequidad son más bajos.
¿Qué se puede hacer para recuperar y fortalecer la confianza? Primero tenemos que definir qué entendemos por confianza. Existe una amplia variedad de definiciones (para un recopilado, ver McKnight y Chervany, 2000), pero para los alcances de esta tarea podemos destacar dos aspectos: la tendencia a la confianza y la confianza basada en las instituciones. En el primer caso, hablamos de la medida en que un individuo suele mostrarse dispuesto a depender de otros a lo largo de un amplio espectro de personas y circunstancias. El segundo caso hace referencia a cuando las personas creen que existen las condiciones necesarias para anticipar los resultados o consecuencias de sus propios esfuerzos y acciones, así como para generar certeza en otros aspectos de la vida. La confianza afecta el bienestar individual y social. Cuando existen altos niveles de confianza las personas tienden a sentirse más seguras, con menos preocupaciones y suelen ver a otros agentes sociales como cooperativos, en lugar de competencia (Wilkinson & Pickett, 2010).
Para recuperar la confianza en las instituciones se deben diseñar políticas que sean percibidas por la población como justas
Hablamos entonces de confianza en las autoridades cuando nos referimos a la opinión general de los individuos y los grupos sociales sobre que las autoridades son benevolentes y trabajan para garantizar el bienestar común (Kirchler et al., 2008). Un gobierno efectivo debería ser capaz de integrar confianza y poder; es decir, generar con su actuar un nivel suficiente de confianza por parte de la ciudadanía que pueda brindar un mayor respaldo a sus decisiones, y poder para garantizar que estas decisiones –consideradas un medio para garantizar el bien común– sean efectivamente ejecutadas.